El Congreso de los Diputados aprobó ayer el proyecto de ley de restitución a los partidos políticos de los bienes incautados tras la Guerra Civil. El texto, que ha sido fruto del acuerdo entre el Gobierno y el PNV, obtuvo el apoyo de casi todos los grupos, a excepción del PSOE y el Bloque Nacionalista Galego (BNG). La ley viene a ser un acto de justicia histórica y encierra una carga simbólica al haber sido impulsada por un partido de centro-derecha. Se puede decir que uno de los flecos de la Transición queda resuelto. Ahora bien, el proyecto de ley es insuficiente, y en eso no le falta razón al PSOE cuando argumenta que más que una «justa devolución del patrimonio incautado a los vencidos», se trata de «un texto que sólo pretende apuntalar las mayorías parlamentarias». En efecto, el PNV ha llevado la iniciativa en este proyecto, que figuraba como una de las cláusulas del acuerdo de investidura firmado por José María Aznar y Xabier Arzalluz. Y es que los nacionalistas vascos se llevarán la parte del león cuando se haga efectiva la devolución de su patrimonio. Pero en este proyecto se han orillado algunas cosas. Por ejemplo, no contempla la devolución de los bienes incautados a los sindicatos, que no les fueron restituidos en su totalidad con la ley de 1986. También se queda cojo al limitarse sólo a bienes inmuebles, aunque es verdad, como argumenta el Gobierno, que es difícil restituir propiedades como cuadros, muebles u objetos de valor. En suma, un proyecto que responde a las exigencias del PNV, pero que para el resto de los partidos, como subrayó el portavoz de IU, tiene más de «simbólico» que de real.