CARMEN GURRUCHAGA

MADRID.- El Congreso aprobó ayer el Proyecto de Ley de restitución a los partidos políticos de bienes incautados tras la Guerra Civil por un valor próximo a los 13.000 millones de pesetas, con lo que se cumple uno de los puntos incluidos en el pacto de investidura suscrito entre el PP y el PNV, al que le corresponden 5.000 millones.

El proyecto volvió a las Cortes después de que el Senado aprobara el pasado 28 de octubre una enmienda de CiU y una nueva Disposición Adicional que procedía de una enmienda transaccional propuestas por el Grupo Popular, CiU y el senador del Grupo Mixto José Fermín Román Clemente.

De todas las formaciones políticas que tenían derecho a devolución, los nacionalistas vascos fueron los que presentaron un informe en el que mejor se identificaban los bienes incautados. Entre éstos, el más emblemático y más caro es la actual sede del Instituto Cervantes de París, ubicado en la avenida Morceaux, que fue sede del Gobierno vasco.

Precisamente por este motivo, porque fue sede del Ejecutivo vasco en el exilio formado por PNV, PSOE, PCE y ANV -actualmente en HB- y no la del PNV, EA presentó una enmienda, que no fue aprobada. Este partido consideraba que el valor material de este edificio no corresponde al PNV como partido sino al Gobierno vasco.

Otra formación política a cuyas mermadas arcas llegará una cifra similar a la de los peneuvistas es ERC, al que pagarán por las casi 400 sedes incautadas.

Ayer, en el Congreso, el único partido que votó en contra de este Proyecto de Ley fue el PSOE, al que las restantes formaciones políticas acusaron de que, durante los 14 años que estuvo en el Gobierno, no aprobó una ley que solucionara este asunto. El PNV, en su día, atribuyó esta «falta de voluntad política» al hecho de que la mayor parte de los bienes incautados a los socialistas durante la Guerra Civil estaban a nombre de la UGT.

«Discriminatorio»

El portavoz del PSOE, Francisco Fernández Marugán, calificó el texto de «sectario y discriminatorio». Enfrente tuvo la opinión unánime del resto de los grupos. Estos consideraron que la aprobación de este Proyecto de Ley «contribuye a cerrar de forma definitiva las heridas de la guerra».

El escrito constata las dificultades técnicas y jurídicas que existirán para aclarar quiénes serán los beneficiarios de las restituciones, por haber transcurrido más de cincuenta años desde que se declararon ilegales todos los partidos que se opusieron al alzamiento militar que desencadenó la Guerra Civil.

Para recibir y tramitar las solicitudes, evaluar las pruebas presentadas y proponer al Gobierno la adopción de las medidas que considere oportunas se atribuirán competencias a un órgano administrativo. Si no es posible la devolución de los bienes inmuebles, el Estado compensará pecuniariamente al partido desposeído.

Fernández Marugán se preguntó si con este proyecto se desea proceder a una «justa devolución del patrimonio incautado a los vencidos o de aprobar un texto sectario que sólo pretende apuntalar las mayorías parlamentarias». También estuvo en contra de que quede en manos exclusivas del Gobierno la decisión de las restituciones o compensaciones de los bienes.